Chihuahua, Chih.- El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, afirmó que el Gobierno del Estado agotará todas las posibilidades legales para garantizar a los chihuahuenses el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, pese a la “camisa de fuerza” que impone la reciente reforma constitucional promovida por Morena en el Congreso federal, que prácticamente desaparece organismos autónomos como el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP).
“Recordemos que esto es muy similar a lo que ocurrió con las modificaciones al Poder Judicial: una visión que se impone desde una mayoría en las cámaras federales y que nos deja poco margen de maniobra”, explicó De la Peña en entrevista. “La instrucción de la gobernadora Maru Campos es clara: estamos explorando dentro de esta reforma constitucional cómo garantizarle a los chihuahuenses el acceso a la información pública y la custodia de la información sensible de los ciudadanos”.
El funcionario enfatizó que Chihuahua fue uno de los estados pioneros en materia de transparencia y que, a pesar de que la reforma federal reduce esta función a una “pequeña oficina” dentro de una dependencia del gobierno central, el estado buscará mecanismos propios para mantener el principio de “gobierno en caja de cristal”.
“Tenemos la responsabilidad de garantizar este derecho. Estamos valorando todas las posibilidades porque creemos que la transparencia es un pilar fundamental de un estado democrático”, agregó.
De la Peña criticó que la reforma transgrede la soberanía de los estados al imponer una visión única desde el centro del país, cuando lo correcto hubiera sido devolver a cada entidad federativa la facultad de decidir cómo garantizar este derecho humano.
Sobre el desempeño del nuevo esquema federal, el secretario citó datos de organizaciones civiles que indican que, con la desaparición del INAI y la centralización de funciones, se ha pasado de un sistema de acceso casi total a la información a que se niegue entre el 90 y 95% de las solicitudes ciudadanas.
“No necesariamente es un mensaje de corrupción, pero sí es un mensaje claro de que a alguien le incomoda que el gobierno se maneje de manera transparente. Los ciudadanos tenemos derecho a exigir y conocer en qué se gasta el dinero de la gente, porque el gobierno no tiene dinero propio: se nutre de los impuestos que pagamos todos”, sentenció.
Aunque aún no se ha definido la figura jurídica que sustituirá o complementará al ICHITAIP en Chihuahua, el Gobierno estatal reiteró su compromiso de no permitir retrocesos en materia de transparencia y rendición de cuentas.